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México: la necesidad de un proceso homogéneo de Entrega–Recepción de la Administración Pública
Javier del Castillo Solís
Los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, como todo proceso limitado por el tiempo, tienen una fase de arranque, de desarrollo y un periodo de cierre de gestión. Las previsiones del inicio ceden ante las previsiones del final y viceversa, es decir, los gobiernos entrantes se preocupan sobre la forma en cómo y en qué condiciones van a recibir la Administración Pública, en tanto los funcionarios salientes se enfocan al cómo y qué van a entregar e informar de su gestión. En consecuencia, las previsiones de la entrega de la administración condicionan en gran medida las previsiones y acciones de aquellos que la reciben.
Una entrega recepción ordenada y bien planeada asegura que el riesgo de tomar decisiones inadecuadas al final o inicio de una gestión sean mínimas; que el traspaso de funciones sea suave, coordinado y seguro; y, que no haya improvisaciones y tropiezos innecesarios. Incluso, en otros ámbitos, puede reforzar las campañas políticas de sucesión al consolidar y mejorar la imagen pública del gobierno en funciones, coadyuvando en la percepción de transparencia y trabajo continuo y ordenado.
El proceso de entrega recepción de la Administración Pública es parte fundamental de la rendición de cuentas a una sociedad; sin embargo, no en todos los países ni en todos los ámbitos se ha desarrollado al mismo tiempo y tampoco en el mismo sentido. En México, por ejemplo, el proceso de rendición de cuentas es relativamente nuevo y ha ido avanzando con paso lento y no siempre con un rumbo claramente definido y homogéneo.
Hasta hoy día, en México no existe una homogeneidad “básica” en los procesos de entrega recepción de la Administración Pública, claro está guardando las evidentes diferencias entre los ámbitos federal, estatal y municipal. Cada administración en funciones decide aquellos aspectos sobre los cuales se informa a quienes asumirán la responsabilidad de conducir los destinos de la sociedad, así como los niveles jerárquicos de funcionarios públicos obligados, la forma de realizar la entrega, los tiempos de ejecución de dichas tareas y las sanciones a quienes incumplen con dicha responsabilidad, pero sobre todo definen la profundidad y claridad con la cual deberán hacerlo.
Considerando lo señalado con anterioridad y la cada vez más compleja y cambiante realidad de la Administración Pública, y la creciente demanda de transparencia y acceso a la información pública por parte de la sociedad mexicana, es imprescindible se emprendan las reformas necesarias que permitan determinar quiénes, en qué casos, cuándo y cómo se deben ejecutar los procesos de entrega recepción que permitan garantizar que cada transición gubernamental se realice de manera puntual, ordenada, transparente y homogénea, sin que los aspectos básicos y fundamentales de cada administración queden sujetos a decisiones discrecionales de funcionarios salientes.
El contexto que prevalece en nuestro país sobre el tema de Entrega-Recepción es campo fértil para que muchos servidores públicos quieran hacer todo aquello que no pudieron hacer en los años anteriores, lo que puede generar cierta dispersión de recursos en atender los detalles; provocando así que se descuide la terminación o documentación de obras, proyectos o programas importantes. Por tanto, las dependencias y entidades gubernamentales caen en el error de profundizar en un trabajo poco ordenado, sin la armonía y la cohesión requerida en el momento.
A manera de ejemplo, persiste la cancelación de obras y proyectos nuevos, así como la suspensión de algunas ya iniciadas por no estar consideradas dentro de las prioridades del nuevo gobierno, convirtiéndose en “elefantes blancos”. Dicha situación debe ser considerada en el proceso de entrega recepción y sancionada conforme a las disposiciones aplicables, ya que los recursos para su conclusión deben ser previstos por obligación por los funcionarios salientes y ser aplicados con oportunidad por los funcionarios entrantes.
Uno de los requerimientos iniciales encaminados a homogeneizar los proceso de entrega recepción en el país está en precisar en el marco jurídico correspondiente a la obligatoriedad de los servidores públicos de ejecutar dicho proceso, desde el ámbito constitucional hasta la reglamentación específica para cada Ayuntamiento, Gobiernos Estatales y Gobierno Federal, determinando hasta que niveles aplicará, los temas a considerar, la información mínima y básica a precisar en cada tema, las sanciones por omisión e incumplimiento, instancias responsables de la evaluación y seguimiento del proceso, y establecer las pautas para las fechas de ejecución, considerando las particularidades de cada caso. Lo anterior, por tanto, demanda una exhaustiva revisión integral de la normatividad en la materia y la adecuación de la misma en caso necesario.
El proyecto de entrega recepción debe proporcionar a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública las herramientas necesarias (acuerdos, lineamientos y manuales) y los formatos básicos y esenciales para el cierre de gestión exitoso y suficiente; trazar un plan para acreditar acciones de transparencia y saneamiento; auxiliar en la elaboración de los “Libros Blancos” que correspondan a las obras públicas, programas o proyectos de mayor importancia generados en el periodo constitucional de cada administración; y, en general, debe ser un instrumento eficaz para guiar el proceso de entrega recepción de cada administración, conforme a la normatividad que se emita o se reforme en la materia.
Asimismo, debe considerar el desarrollo y difusión periódica de los avances del proceso y estar acompañado de una auditoría general y por dependencia y entidad pública para detectar inconsistencias e irregularidades, particularmente por lo que hace a ingresos, egresos y a la composición del gasto, según sea federal, estatal o municipal.
El proceso de entrega recepción debe considerar el análisis de las principales obras, programas o proyectos y sus implicaciones para el cierre, pues éstas deben ser terminadas antes de la conclusión de la administración o prever los recursos para que el nuevo gobierno ejecute dicha tarea.
Sin embargo, dadas las particularidades de cada caso, se debe ajustar el proyecto general de entrega recepción por cada instancia, lo cual permitirá proponer medidas correctivas para subsanar las irregularidades detectadas con oportunidad en cada ámbito de gobierno y verificar la congruencia de los procedimientos correctivos aplicados con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente. Esta particularización del proceso conlleva a cada gobierno a definir las prioridades a atender.
Adicionalmente, el delinear un adecuado programa de entrega recepción trae como beneficio extra el diseño de una estrategia política de cierre de gestión que fortalece al titular del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, según sea el caso, la cual lo proteja de cualquier clase de eventualidad en la salida de gobierno. Mismo beneficio obtienen cada uno de los funcionarios públicos que se consideren sujetos obligados a cumplir con su entrega recepción.
Los temas básicos centrales sobre los que puede centrarse un proyecto de entrega recepción de la Administración Pública homogéneo son:
Marco regulatorio
- Planeación
- Cumplimiento de programas, proyectos y compromisos institucionales
- Recursos presupuestales
- Recursos públicos, municipales, estatales, federalizados y federales convenidos y reasignados
- Situación financiera
- Deuda pública
- Recursos Materiales
- Recursos Patrimoniales
- Organización
- Recursos Humanos
- Situación legal
- Informes especiales o libros blancos
- Control y fiscalización
- Compromisos institucionales a corto plazo
En general, los objetivos finales deben ser el profundizar en la transparencia del manejo de recursos públicos, el cumplimiento de las metas planteadas al inicio de una gestión y, sobre todo, garantizar que las acciones, bienes, servicios, obras y funciones de gobierno sean continuas, sin interrupciones por el cambio de administración.
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